Infortunadamente, Cartagena está clasificada como la Segunda ciudad de Colombia con mayor Exclusión Social. Es decir, una de las Capitales donde pulula mayor pobreza, discriminación, marginación, vulnerabilidad y desigualdad. Exclusión Social, no es más ni menos, que la falta de Participación de sectores de la población en la vida social, económica y cultural de la sociedad; debido a la carencia de oportunidades, derechos, recursos, capacidades básicas y protección social; factores que hacen posible una Participación Social plena.

Nuestra Constitución, establece en su artículo 366 que: “El bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población, son finalidades sociales del Estado… Para tales efectos, en los Planes y Presupuestos de la Nación y de la entidades territoriales, el Gasto Público Social, tendrá Prioridad sobre cualquier otra asignación”. Precisamente, lo que más nos ha faltado, es que nuestros Gobernantes Distritales, inviertan efectivamente en la gente; en todos sus habitantes, sin excepción; pero primordialmente en los pobres y vulnerables.

Luego, es inaplazable incrementar los recursos propios de Inversión Social y Humana, complementarlos con mayores asignaciones presupuestales provenientes de la Nación, del departamento. También a través de alianzas público privadas, como resultado de la capacidad de gestión y de liderazgo que ejerza el Alcalde Distrital, en sinergia con las Fuerzas Vivas del Distrito, especialmente con los Congresistas, en el escenario Nacional e Internacional; mediante la presentación de Proyectos de Inversión. Pero muchísimo cuidado, no basta conseguir los recursos; es necesario priorizarlos, aplicarlos y controlarlos de forma concertada y transparente. Esta es la verdadera clave para disminuir el flagelo de la Pobreza, la Inequidad y la Exclusión Social, predominante en Cartagena de Indias.

Este debe ser el desafío del Alcalde, Manolo Duque, para reorientar los esfuerzos por influenciar significativamente las asignaciones y ejecuciones presupuestales con perspectivas de derechos sociales y humanos. Contrarrestando así la Revocatoria de su Mandato. La que considero inoportuna en este momento, pues hay que brindarle la oportunidad a Manolo Duque, que se pellizque duro, reaccione y cumpla su Plan de Desarrollo. Pero que no la desestime ni menosprecie, por ser ésta un mecanismo de Participación Ciudadana consagrado en nuestra normatividad legal y porque tiene que recomponer pronto su Gobierno.

La ejecución de su Plan de Desarrollo, debe llevarlo a priorizar la Inversión Social y estabilidad Económica que cristalice el mejoramiento de la calidad de vida y el bienestar de todas y todos los cartageneros. Para que Cartagena pueda ser incluyente y sostenible. Pero necesita rodearse de colaboradores y estrategas que trabajen siempre en equipo, que lo asesoren bien. Que estén convencido de la importancia de la Democracia Participativa, de la trascendencia de la Descentralización administrativa, fiscal y política, y de lo fundamental del fortalecimiento del Proceso de Participación Ciudadana y Comunitaria.

Cartagena necesita contar con un Alcalde, que no se tuerza, que inspire confianza, con independencia mental, que se distinga por su sensibilidad social, su cumplimiento; que escuche a la gente y de soluciones pertinentes, con base en los criterios del equipo y tome como sustento las necesidades más sentidas de la comunidad, para lograr cohesión social. Un Alcalde, que logre liderar y articular los intereses de cada sector de la Administración, con miras a reorientar el

rumbo de nuestra ciudad. Que tenga vocación de servicio y vea a la Alcaldía, como un gobierno dinamizador, con visión de futuro y facilitador del desarrollo social.

Se requiere que el Alcalde, Manolo Duque, aplique su capacidad para interlocutar y concertar con el Presidente de la República, con sus Ministros, los Congresistas, el Gobernador, los Diputados, los Concejales, los Ediles, las Organizaciones Comunales y Sociales, la Academia, los trabajadores, los Periodistas, las mujeres, los gremios, etc. Y tenga las relaciones que generen sinergia, propicie y aúne consensos y voluntades; para ganar apoyo en la ejecución de Inversiones Sociales, Obras, Servicios y Macroproyectos imprescindibles, etc. Este pueblo necesita contar con un Alcalde Distrital, que tenga visión de futuro, evidencie su liderazgo y ganas de acertar. Y ese liderazgo, no es más que la capacidad de transformar la visión en realidad.

Autor: Benjamín Maza Buelvas.

El propósito esencial de los gobernantes, tanto nacional como departamental, distrital y municipal; debe ser, garantizar el mejoramiento de la calidad de vida y bienestar del pueblo. Para ello es imprescindible diseñar e implementar políticas públicas que conduzcan a acrecentar y fortalecer la Inversión Social y Humana. Pero no como limosna o dádiva a los pobres y vulnerables; o como regalo generoso a los que nada tienen; sino como el reconocimiento de un derecho fundamental, consagrado en nuestra Constitución.

Siendo así el Distrito Especial de Cartagena de Indias, requiere aumentar la capacidad de gestión y el presupuesto. Implementando estrategias administrativas que hagan realidad la inversión en todas las personas, en la gente; porque no es asunto de caridad o filantropía del Alcalde Distrital, sino de Equidad, Inclusión y Justicia Social. Por lo cual la mejor solución no es el asistencialismo y las medidas paliativas con la que nuestros gobernantes, pretenden resolver la problemática social y humana que acosa sin clemencia a la inmensa mayoría de las y los cartageneros.

Le falta al Gobierno Distrital, invertir efectivamente en la gente; en toda la gente, pobres y ricos. Somos una sociedad en crisis de valores, sin seguridad, sin adecuada cultura, sin educación, sin salud, sin oportunidades, sin tolerancia, sin afecto, sin empleo y vivienda digna, sin óptimos servicios públicos, sin infraestructura apropiada, etc. Es inconcebible, que en Cartagena no disminuya la pobreza y se incremente la desigualdad. Sin calidad humana, ni calidad de vida; todo lo demás es apariencia, sin fundamento, sin sentido.

Luego, aumentar la Capacidad de Gestión y el Presupuesto Público es un compromiso y responsabilidad inmediata. Porque es la habilidad y liderazgo que demuestra el gobernante al encargarse de las tareas y procesos a su cargo en forma eficaz, eficiente, confiable y efectiva; haciendo uso de la recursividad y dinamismo que requiere el hacer que las cosas resulten, con el fin de satisfacer los derechos, aspiraciones y necesidades de la gente. La capacidad de dirigir, de gestionar, es el motor impulsor para el desarrollo de un país, de una ciudad, de una empresa o de una economía familiar. El gobernante tendrá capacidad de gestión, si cuenta con iniciativas y estrategias efectivas, para lograr las metas. Entendidas como procedimientos, alternativas, herramientas, pautas concretas en la toma de decisiones que reclama la comunidad.

Se requiere suficiente presupuesto, como instrumento indispensable para la implementación de la reestructuración de la Administración, orientada a aumentar la capacidad de respuesta a las demandas de la sociedad, así como también la calidad de los servicios que presta, tanto desde el punto de vista de la gestión como de los resultados. De ahí que el gobierno, tiene que comprometerse a resolver sus disensos y a articular una visión de ciudad de corto, mediano y largo plazo que apunte al crecimiento económico y al bienestar colectivo. En esencia, el Presupuesto es la herramienta que le permite al sector público cumplir con la producción de bienes y servicios para la satisfacción de las necesidades de la población, de conformidad con el rol asignado al Estado en la economía.

Por ser Cartagena de Indias, la Capital alterna del país, hay que exigirle al Presidente de la República, que salde la deuda Histórica Social que tiene el Estado y el Gobierno con nuestra ciudad. Para que no quede solo en retórica el declarado amor y afecto por Cartagena. Pues, debe evidenciarlo, porque el amor en política se patentiza es con la asignación y ejecución de partidas presupuestales suficiente que solucionen los problemas que afectan al pueblo.

Lo que se desea del Alcalde Mano Duque, es que sepa valorar lo que debe hacer en cada situación y que lo pueda llevar a feliz término; desde luego, que debe tener la disposición, la voluntad política y administrativa de hacerlo, con todo lo que ello implica. Se trata, en último término, de conjugar la trilogía de saber, querer y poder. Tiene que propiciar consensos y liderar la sumatoria de voluntades políticas.

Autor: Benjamín Maza Buelvas.

Nuestra Constitución estipula que, “el trabajo es un derecho y una obligación social y goza, en todas sus modalidades, de la especial protección del Estado. Toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas”. También ordena la existencia de una Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, integrada por el Gobierno, los Empleadores y los Trabajadores; que contribuirá a la solución de los conflictos colectivos y concertará las políticas salariales y laborales. Pues en Colombia, ese mandato no se cumple a cabalidad. Porque esta Comisión sólo aparece a final de cada año, para la discusión del salario mínimo legal.

Las políticas laborales y salariales, no son más que el conjunto de medidas, acciones e instrumento que debe aplicar permanentemente el Estado con el fin de garantizar y proteger el empleo y el salario de los trabajadores, mediante estas políticas se puede resolver los problemas de la mano de obra y por lo tanto impulsar el desarrollo socioeconómico.

Para fomentar las buenas relaciones laborales en todo el país, tienen que aplicarse lineamientos claros de política laboral y salarial e intervenir en los conflictos colectivos del trabajo. Esta Comisión debe tener como apoyo las Subcomisiones de Concertación en cada uno de los departamentos, Distritos y Municipios y la misma conformación tripartita que busque solucionar los conflictos del trabajo y mejorar las relaciones laborales de los trabajadores y empleadores, visionando siempre el incremento y mejoramiento del empleo digno y decoroso.

Sin duda, el Desempleo sigue siendo el mayor flagelo que sufre nuestro país, afecta a los adultos y mayormente a los jóvenes. Por lo que el esfuerzo del Estado, las iniciativas del Gobierno Nacional y de los entes territoriales; deberían enfocar sus objetivos de política pública laboral, salarial y de seguridad social; en la disminución de este gravísimo problema; porque el Desempleo ha sido el peor azote que padece el pueblo colombiano.

Mientras nuestros dirigentes no demuestren interés y compromiso por resolver este problema; los monopolios, las multinacionales, los grandes industriales, comerciantes, inversionistas, capitalistas y multinacionales; aprovechan la crisis para despedir trabajadores, precarizar los salarios, obtener excepción y rebajas de impuestos y convenir concesiones y privatizaciones. Siendo el Desempleo en criterio de los expertos, uno de los principales detonantes de la violencia que debe combatir el Estado. Porque la modernización del aparato estatal no necesariamente tiene por qué implicar una reducción de la nómina laboral.

Recordemos que el gobierno suele conceder a los empresarios exenciones de impuestos de rentas, subsidios, descuentos, deducciones, compensaciones y otras gabelas tributarias para fortalecer la creación de empleo productivo, lo que generalmente se convierte en un saludo a la bandera; implementando sólo medidas paliativas que no solucionan la problemática existente. Hay que erradicar la costumbre empresarial de exigir al Estado la democratización de sus pérdidas y la privatización de sus utilidades.

Así que tanto el Estado como los empresarios, deben comprometerse con el pueblo, en soluciones estructurales y no contentarnos con medidas asistencialistas o con contentillos, como los subsidios o auxilios que sólo alivian las angustias coyunturalmente

Nuestros líderes y lideresas políticos y gremiales, deben interiorizar, que siempre se ha planteado que el trabajo dignifica a las personas. Este es un sabido refrán, pero el trabajo también genera otras consecuencias; a mayor cantidad de personas trabajando, mayor consumo; a mayor consumo, más utilidades; a mayor utilidades más impuestos pagan las empresas; a mayor pago de impuestos de las empresas, mayor utilidad fiscal, y a mayor utilidad fiscal, más recursos para utilizar en redes sociales, en reformas y en la realización de nuevos proyectos y obras. Falso entonces, que el incremento real del salario afecte la inflación.

Es ineludible y un imperativo político y social, del Presidente Santos, del Gobernador Dumek Turbay y del Alcalde Distrital, Manolo Duque, evidenciar su voluntad política y administrativa de incrementar y mejorar las políticas salariales y laborales en Cartagena de Indias. Urge priorizar en su Plan de Desarrollo “Primero la Gente” la disminución significativa del Desempleo, el Subempleo, la Informalidad y la Precariedad del Salario.

Autor: Benjamín Maza Buelvas.

Termina el año fiscal y período de rendición de cuentas claras. La Rendición de Cuentas es un deber legal y ético de todos los servidores de la administración pública. En los departamentos, distritos y municipios, los gobernadores y alcaldes son responsables políticamente de Rendir Cuentas, por lo cual deben liderar dicho proceso con el apoyo de sus equipos de gobierno.

La Rendición de Cuentas es el compromiso de las entidades y servidores públicos de informar y explicar los avances y los resultados de su gestión, así como el avance en la garantía de derechos a los ciudadanos y sus organizaciones sociales, a través de espacios de diálogo público. Establecida en el Conpes 3654 de 2010 y Ley 1757 de 2015. A la vez, la Rendición de Cuentas implica la capacidad y el derecho de la ciudadanía a pedir información, explicaciones y retroalimentar al gobierno, con evaluaciones y propuestas de mejora, o con incentivos para corregir la gestión, premiar o sancionar los resultados.

Gobernadores y Alcaldes son elegidos por voto popular, de tal forma que la ciudadanía exige la implementación del programa de gobierno que sometieron a su consideración en el proceso electoral -Voto programático-. Así mismo, las personas designadas por gobernadores y alcaldes para ejercer cargos directivos (Secretarios de Despacho, Directores de Departamento Administrativos, Jefes de Oficinas, etc.), tienen una responsabilidad por su desempeño y la gestión de las entidades que lideran, así como por el eficaz cumplimiento de las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias.

En un sistema social de alta responsabilidad pública se impone una rigurosa situación de petición y Rendición de Cuentas en todos los niveles de gobierno. La responsabilidad de los cargos públicos implica: 1). La obligación de gobernantes y servidores públicos de informar sobre sus decisiones y justificarlas en público, 2). La sanción en caso de que hayan violado sus deberes públicos, y 3). El reconocimiento cuando realiza una labor exitosa.

La cultura de Rendición de Cuentas implica la apropiación voluntaria de los tres elementos fundamentales del proceso: información, diálogo e incentivos. En consecuencia, se pretende que además de los cambios necesarios en los diseños institucionales, normas, procedimientos e instrumentos técnicos, se establezca un patrón en la conducta de los servidores públicos para que asuman el proceso de Rendición de Cuentas como una actitud propia del servicio.

La Rendición de Cuentas tiene por objetivo hacer más transparente la gestión porque promueve: 1). Que los recursos entregados a las administraciones territoriales se ejecuten de manera eficaz y eficiente, 2). El fortalecimiento del sentido de lo público, y 3). El mejoramiento de la credibilidad y la confianza de los ciudadanos en las instituciones del Estado, en aras de avanzar en la consolidación de la democracia.

La Rendición de Cuentas es una buena práctica de gestión de un actor de informar y explicar sus acciones a otros, que igualmente tienen el derecho de exigirla, en términos políticos y basados en la organización del Estado. Esta acción tiene como objetivo generar la transparencia de la gestión pública y partiendo de este punto, lograr que las entidades adopten los principios de Buen Gobierno, eficiencia, eficacia y transparencia, en el día a día del Servidor Público.

En el marco de la transparencia, el proceso de rendición de cuentas juega un papel muy importante ya que le permite a los servidores públicos interactuar con otras instituciones estatales, organismos internacionales, la sociedad civil y los ciudadanos en general. La Rendición de Cuentas crea la obligación de informar y explicar las acciones a otros que tiene el derecho de exigirla, debido a la presencia de una relación de poder, y la posibilidad de imponer algún tipo de sanción por un comportamiento inadecuado o de premiar un comportamiento destacado.

Así los procesos de rendición de cuentas ante la ciudadanía deben generar resultados visibles, tanto para las entidades públicas como para los ciudadanos. Para ello las evaluaciones efectuadas en los espacios de diálogo y durante todo el proceso se constituyen en un insumo para retroalimentar la gestión y mejorarla.

Autor: Benjamín Maza Buelvas.

El presupuesto es la herramienta que le permite al sector público cumplir con la producción de bienes y servicios públicos conforme al Plan de Desarrollo, para satisfacción de las necesidades de la población de conformidad con el rol asignado al Estado en la economía y sociedad del país.

Según el artículo 287 de nuestra Carta Política, las entidades territoriales gozan de autonomía para la gestión de sus intereses, y dentro de los límites de la Constitución y la ley. La Constitución consagra también, la existencia de entidades territoriales del orden local sometido a régimen especial respecto a los municipios comunes, que les da el nombre de distrito, como el Turístico y Cultural de Cartagena de Indias.

El Congreso de la República expidió las Leyes 1551 de 2012 y 1617 de 2013, con el objeto de modernizar la normativa relacionada con el régimen municipal y distrital, dentro de la autonomía que reconoce a los municipios y distritos la Constitución y la ley, como instrumento de gestión para cumplir sus funciones y competencias.

Queremos centrarnos hoy en la adopción de una metodología para la implementación y ejecución del Presupuesto Participativo, en esencia, un Presupuesto Participativo es un mecanismo consensuado de participación social y una herramienta de gestión local que permite a la ciudadanía y a las instituciones públicas de un determinado territorio, construir conjuntamente desarrollo humano sostenible.

Así que la administración garantizará los recursos necesarios para la operación y puesta en marcha del programa de planeación y ejecución del Presupuesto Participativo en cada una de las Localidades dentro del plan plurianual de inversiones. Debe crearse dentro del Presupuesto Distrital un componente denominado Presupuesto Participativo que hará parte del Estatuto Orgánico del Presupuesto del Distrito.

En Cartagena, debe implementarse ya una Metodología del Presupuesto Participativo, de conformidad con el artículo 40 de la Ley 1551/12, para que el distrito adopte con carácter permanente y obligatorio la Metodología del Presupuesto Participativo como mecanismo efectivo de Participación Ciudadana y Control Social que le permita a los ciudadanos y a la comunidad conocer, intervenir, decidir, controlar y evaluar la gestión de las inversiones y obras que se ejecuten con recursos del rubro presupuestal denominado Presupuesto Participativo, de los Fondos de Desarrollo Local y cualquier otro recurso presupuestal asignado a las Localidades del distrito.

Serán responsables de coordinar la aplicación de la Metodología del Presupuesto Participativo: la Secretaría de Participación y Desarrollo Social, los Alcaldes Locales, la Secretaría de Hacienda; quienes convocarían a la comunidad para iniciar y finalizar el proceso en todas sus fases. El proceso del Presupuesto Participativo se debe desarrollar atendiendo las siguientes fases:

1. Convocatoria amplia y abierta a todas las organizaciones sociales y ciudadanas de cada Localidad, por parte de las entidades responsables, para que participen en todo el proceso del Presupuesto Participativo e inscriban sus representantes en la Alcaldía Local.

2. Realización de Asambleas de todos los inscritos por Localidad, para hacerles una inducción sobre el contenido y los alcances de la Metodología del Presupuesto Participativo.

3. Realización de las Asambleas de cada Unidad Comunera de Gobierno, para elaborar los diagnósticos sociales y priorizar los proyectos de inversión, utilizando metodologías apropiadas y teniendo en cuenta las necesidades básicas insatisfechas de la población, los objetivos del desarrollo trazados por la Organización de las Naciones Unidas y otros organismos internacionales, el Plan de Desarrollo Distrital y el Plan de Desarrollo de la Localidad.

4. Aprobación de los programas y proyectos de inversión concertados por las comunidades en las Unidades Comuneras de Gobierno, por medio de Acuerdo de la Junta Administradora Local.

5. Contratación, ejecución y evaluación de los Proyectos de Inversión del Presupuesto Participativo.

La contratación con las Organizaciones Comunales debe ser una realidad, debido a que, de conformidad con el artículo 55 de la Ley 743/02, el parágrafo 4 del artículo 6 de la Ley 1551/12 y el artículo 68 de la Ley 1617/13, no menos del 30% de la contratación con recursos de los Fondos de Desarrollo Local y del Presupuesto Participativo debe ser adjudicado a las Organizaciones Comunales de la respectiva Localidad.

Autor: Benjamín Maza Buelvas.

El Gobernador del departamento de Bolívar, Dumek Turbay Paz, durante su campaña electoral, reiteró en varias ocasiones la necesidad de implementar una profunda y pertinente reestructuración administrativa en la gobernación, con el firme e inaplazable propósito de ajustar y modernizar la administración pública a los requerimientos y demanda del pueblo bolivarense, para seguir avanzando hacia metas de progreso y desarrollo sostenible. Pues nuestro Gobernador está próximo a cumplir un año de mandato y no se conoce aún ningún Proyecto de Ordenanza direccionado a cristalizar dicha prioridad.

Uno de los compromisos que se hizo públicamente, por los diversos medios de comunicación y en sus masivas concentraciones. Es el compromiso inexcusable de crear a nivel departamental, la Secretaría de Participación Ciudadana y Comunitaria; como instancia Superior que se dedique a liderar, reactivar, impulsar y fortalecer el Proceso de Participación Ciudadana y Comunitaria Efectiva, en todos y cada uno de los municipios del territorio de bolivarense.

No se justifica desde ningún punto de vista, que con tanta trascendencia que tiene el Proceso de Participación y la Descentralización Administrativa, Fiscal y Política en nuestro ordenamiento Constitucional y legal; aún no exista esta Secretaría en nuestro departamento. Que no funcionen las Juntas de Acción Comunal, las Asociaciones ni las Federaciones Departamentales Comunales; actuando activamente en favor de sus comunidades y afiliados. Que solo en pocos municipios de Bolívar existan y se elijan periódicamente las Juntas Administradoras Locales. Luego, en materia de Participación Ciudadana y Comunitaria, hay que implementar claras y conducentes políticas públicas de Participación Democrática.

La Participación Efectiva no ha de limitarse, a que las autoridades territoriales y otros organismos públicos, informen a la población de sus proyectos, actividades y decisiones o inviten a los líderes y lideresas a presenciar sus debates, sino que implica escuchar al pueblo en la formulación de sus propios problemas y en la búsqueda de oportunidades de solución. Además, es imprescindible proporcionarles los medios e instrumentos para encauzar una acción política, social o económica y participar en la toma de decisiones públicas con propósitos de cambio.

La Dirigencia Cívica, Comunal, Social y Comunitaria de Bolívar; necesita no solo ser objeto de políticas públicas de Participación; sino ante todo ser sujeto activo de legítimos espacios de transformación social, económica, ética, ambiental, cultural y política. Mejor dicho, aspira para su justo reconocimiento que se le brinde “Participación” en el más vasto y genuino sentido de la palabra. La participación ciudadana efectiva, es la posibilidad de la sociedad de contribuir e influir en las decisiones gubernamentales que le afectan.

El otro compromiso del Gobernador, es el imperativo histórico de crear más pronto que tarde, la tan anhelada Secretaría de la Mujer para la Equidad de Género e Inclusión; a nivel departamental, como una instancia Rectora de la implementación real de la Política Pública: “Mujeres bolivarenses en Pleno Goce de sus Derechos”, porque es indudable que los derechos humanos de la Mujer son parte inalienable e indivisible de los derechos humanos universales.

En Cartagena, Bolívar y Colombia; es evidente el maltrato y violencia contra las mujeres. Esta percepción da una idea de lo mucho que aún falta evolucionar para gozar de un desarrollo armónico y equilibrado en términos de democracia, libertad, equidad, justicia, convivencia, tolerancia y construcción de la sociedad que demandamos. Por lo que los Planes de Desarrollo

municipal, distrital, departamental y nacional; tienen la obligación de incluir un Capítulo de prevención y atención para las mujeres víctimas de la violencia. Es necesario garantizar su plena Participación, en condiciones de igualdad, sin ninguna clase de discriminación de género en ningún ámbito, pero especialmente en la vida política, civil, económica, social, ambiental y cultural.

Entonces, actuando ya como Gobernador en ejercicio, es el momento propicio para fijar una clara postura, en torno a estos dos temas de vital trascendencia para la convivencia pacífica y el fortalecimiento de la Democracia Participativa. Con ello puede empezar a evidenciar fehacientemente su voluntad política, administrativa y fiscal de empoderar a todas las Organizaciones Sociales, específicamente a las Organizaciones Comunales y de Mujeres.

Autor:Benjamín Maza Buelvas.

Siempre hemos tenido la firme convicción y certeza, que nuestra ciudad, precisa ser pensada, reflexionada y planificada a corto, mediano y largo plazo. Lo que los expertos llaman tener visión de futuro. Así que la Secretaría de Planeación, debe tener la trascendencia que merece, porque los asuntos planificados tienen éxito asegurado. Pero su verdadera cristalización depende primordialmente, de que los intereses colectivos y generales del pueblo, primen y estén siempre por encima de los intereses particulares y grupistas. Un buen Alcalde, debe ser un auténtico Administrador Público del bien común, cuya preocupación prioritaria, sea siempre la gente, el ser humano en sus distintas expresiones.

Aquí se evidencia que estamos mal en muchos aspectos fundamentales. Por eso, el Modelo de Distrito Especial que queremos, debe tener unos objetivos específicos con sus tiempos, lo mismo que fuentes viables, desde lo constitucional, legal, jurisprudencial, económica, social, cultural y política para poder lograrlos.

A los cartageneros lo que principalmente le interesa, es que sean solucionados sus problemas vitales. Así que el Alcalde Distrital, debe liderar un Frente Común, en simbiosis con el Gobernador, la clase política, gremial y social; que garantice la consecución de los recursos necesarios y suficientes ante el gobierno Central, ya que el Presupuesto Distrital es insuficiente. Y para hacer realidad que primero sea la gente, se requiere es buenos servicios de salud, educación, seguridad ciudadana, empleo productivo, vivienda digna, Infraestructura y movilidad adecuada, agua y drenajes pluviales, tratamiento de los residuos sólidos, ejecución de los Macroproyectos aplazados, etc. Esto permite al mismo tiempo la exigencia del cumplimiento de los Acuerdos Distritales; el pago puntual de los arbitrios, impuestos, tasas y contribuciones; así como la transparencia en la emisión de licencias de construcción, o cualquier otro tipo de normatividad o actuación distrital.

En ese sentido, nuestros gobernantes deben cumplirle a Cartagena, al menos en lo esencial contemplado en el Plan de Desarrollo; pero para hacerlo realidad, el cumplimiento debe ser liderado por el propio Alcalde Distrital, en sinergia con el Sector Político, Empresarial, Social, Académico, Sindical, Pensionados, Cívico, Comunal, Social, Comunitario, Mujeres, Jóvenes, Adultos Mayores, Discapacitados, Medios de Comunicación, etc. en torno a lo fundamental que queremos y necesita Cartagena. Para ello, se requiere una transformación estructural, democrática e integral; que ataque la Desigualdad e Inequidad Social, reivindique la Democracia Participativa, la Participación Ciudadana; la Descentralización Administrativa, Fiscal y Política; la Inclusión, la Inversión, la Equidad y la Justicia Social en Cartagena de Indias.

Así las cosas, el transcurrir del tiempo será siempre nuestro peor enemigo. Porque si se continúa postergando el Pago de la Deuda Histórica Social que se tiene con Cartagena y su conformista pueblo, seguramente en las próximas elecciones, la ciudadanía reaccionará, se sacudirá y aquellos Candidatos que no estén Comprometidos fielmente con sus aspiraciones, ni durante su trayectoria hayan demostrado talante, sensibilidad y vocación de servicio; sólo recibirán el más rotundo repudio y rechazo del ciudadano elector. Ya el pueblo viene despertando y aprendiendo a discernir con claridad, para saber cuáles son las

mejores opciones de gobierno. Pero debemos interiorizar que Cartagena, sí tiene arreglo, no todo está perdido, somos aún más los buenos que los malos. Con voluntad política y administrativa, Manolo Duque, puede lograr conseguir y aplicar los recursos, para avanzar hacia mejor destino.

Los gobernantes de Cartagena, tienen que plasmar y cumplir un Gran Compromiso Social Sobre Lo Fundamental, es un imperativo moral e histórico para la Dirigencia cartagenera. Imperativo que no debemos delegar, dejarnos imponer ni postergar más. Por ello, es esencial que respaldemos y ayudemos nuestro Alcalde Distrital, Manolo Duque; para que no se desvíe, no se elitice ni se tuerza, y por el contrario, se dedique a impulsar con tesón, verdaderas políticas públicas y estrategias que beneficien efectivamente a la gente. Urge entonces, que incremente y consolide su compromiso con los intereses colectivos, dispuesto a enfrentar, confrontar y derrotar la pobreza, la inequidad, la corrupción y la ineficiencia administrativa. No hay derecho, no es justo, que Cartagena se halle ubicada en el último lugar entre las diez principales ciudades Capitales del país, en Índice de Progreso Social.

Autor: Benjamín Maza Buelvas.

Luego de 41 días de renegociación, después del Plebiscito; los representantes de las Comisiones Negociadoras; firmaron un Nuevo Acuerdo Definitivo de Paz en La Habana el pasado 12 de noviembre. Reconocido por expertos y la inmensa mayoría de los sectores, como un mejor Acuerdo, porque se concertaron cambios significativos en 56 de los 57 temas abordados y recoge más del 80% de las inquietudes de quienes votaron por el NO.

Infortunadamente, después de siete horas de candente diálogo con los voceros del CD, terminó este último encuentro sin consenso político frente al Nuevo Acuerdo de Paz logrado con las Farc-Ep. Debido a que las posiciones se alejan todavía más, lo que precipitó que el Presidente Juan Manuel Santos en comunicado conjunto con los líderes de las Farc-Ep, anunciara al país; que hoy jueves 24 de noviembre, a las 11 AM, en el Teatro Colón de Bogotá D.C., firmará con el Jefe máximo de las Farc-Ep, Rodrigo Londoño, el Nuevo Acuerdo Definitivo de Paz. El logro de la Paz no puede depender de satisfacer todos los caprichos a un sector político específico, por importante que sea. Siendo que se ajustó y precisó el Acuerdo. Indiscutiblemente, la firma de este Nuevo Acuerdo reactiva la esperanza y saca al país de la incertidumbre política en la que estaba desde la realización del Plebiscito.

Ya las partes han definido que el mecanismo más conducente y rápido para Refrendar el Acuerdo; ante las apremiantes circunstancias, es Vía Congreso de la República. Si este Acuerdo es refrendado e implementado por el Congreso, las leyes estarían listas en máximo dos meses. Mientras que con los otros mecanismos demorarían al menos seis meses. Como urge su Implementación y consolidación para lograr construir una Paz Estable, Duradera; que supere 52 dolorosos años de conflicto armado. No se puede correr el riesgo de abortar este proceso de Paz. Siendo que todos y todas los colombianos y la comunidad internacional, han manifestado que quieren y apoyan la Paz; por ser un Derecho- Deber y un Bien Superior de toda persona.

La premura para refrendar e implementar el Nuevo Acuerdo Definitivo, se debe principalmente; por la seguridad jurídica que necesitan los integrantes de las Farc-Ep, que están y llegarán a las zonas veredales. Si la Refrendación e Implementación del Nuevo Acuerdo se dilata, puede llegarse a coincidir con las campañas a Presidencia y Congreso de la República del año 2018. Que es según los politólogos, una de las estrategias dilatorias del líder del CD. No evidencian verdadera disposición de lograr concertación, lo que busca es prorrogar los diálogos para tomarlos como caballito de campaña para seguir engañando a incautos. Ya grave oleada de crímenes en varias regiones denunciada por la ONU, que amenazan el cese al fuego bilateral y de hostilidades definitivo y el futuro del propio proceso de Paz.

Como el Congreso tiene intactas sus facultades para implementar el Acuerdo, a través del poder delegado por los votos de los colombianos, puede Refrendar el Acuerdo. Por ser el órgano Legislativo del Estado que representa, según la Constitución, los intereses

y la voluntad popular. Se agrega que dentro de sus atribuciones está la de aprobar leyes, transformar la Constitución y hacer control político. Entonces, es una especie de Refrendación – Implementación, que fue lo que la Corte Constitucional dejó abierta en su Sentencia sobre el Plebiscito. Esta vía tiene la legitimidad de los Congresistas como representantes del pueblo, elegidos democráticamente, y que, adicionalmente, constituyen las principales fuerzas políticas de la Nación.

Avancemos unidos hacia la meta de la Paz con Democracia, Inclusión, Inversión, Equidad y Justicia Social. Tenemos que organizarnos para monitorear y controlar la Implementación adecuada de este Nuevo Acuerdo Final, para que el Congreso cumpla fielmente su compromiso de trabajar con el pueblo y por el pueblo. El principal garante de la implementación y cumplimiento del Acuerdo, además del componente internacional, es el propio pueblo y sus Organizaciones Sociales, porque toca con su dignidad y su Derecho de vivir en Paz.

Definitivamente, la mejor actitud que debemos asumir la inmensa mayoría de los colombianos y colombianas conscientes, coherentes y consecuentes; que verdaderamente queremos una sana convivencia; que la presente y futuras generaciones puedan vivir en un país mucho mejor; es ignorar las distorsiones de la realidad del Senador- Expresidente.

Porque ya las comisiones negociadoras del gobierno y las Farc-Ep; pactaron los ajustes y precisiones, atendiendo los aportes y críticas de los promotores del NO, firmaron un mejor y Nuevo Acuerdo Final y Definitivo; que conduce a la construcción de una Paz Estable y Duradera. Se concertaron cambios en 56 de los 57 temas abordados. Recogiendo más del 80% de las inquietudes de quienes votaron por el NO. Y es claro que los representantes de la guerrilla cedieron en sus posiciones, “hasta los límites de lo razonable y aceptable para una organización cuyas armas no fueron vencidas”. Y así Uribe sigue tratando de manipular el contenido y sentido de lo acordado, para intentar continuar engatusando a incautos que todavía le creen.

No hay que abusar del sentimiento del pueblo, porque “las masas humanas más peligrosas, son aquellas en cuyas venas ha sido inyectado el veneno del miedo… del miedo al cambio”. Sólo porque aspira que el Acuerdo sea como el desea. Así que no acepta y rechaza el Acuerdo de Paz firmado entre el Gobierno de Colombia y las FARC, porque le tienen que satisfacer sus pretensiones.

Aún no ha logrado superar la nostalgia ni las ansias delirantes de poder. Y está equivocado de cabo a rabo, porque Colombia está exigiendo y gritando al unísono por todos los medios no más guerra, queremos, anhelamos y merecemos es Paz, con Democracia, Equidad y Justicia Social. Así que terminantemente decimos. ¡No más Uribe! No hay derecho. No se justifica que rechace el Nuevo Acuerdo de Paz firmado entre el Gobierno de Colombia y las FARC. Sin argumentos ni fundamentos convincentes, solo porque hay que hacerlo totalmente a su gusto y medida. Comprueba que no tiene la menor intención de contribuir con su granito de arena al logro del Bien Superior de la Paz.

Ha tomado el Proceso de Paz como pretexto para hacer oposición al Gobierno del Presidente Santos y evidenciando que su propósito es seguir torpedeando tercamente el Acuerdo, convirtiéndolo en plataforma para hacer campaña política con miras a las próximas elecciones de Congreso y Presidencia del año 2018. Le espanta que las Farc-Ep, participe en política, si precisamente, la razón de ser de todos los procesos de paz en el mundo es que los guerrilleros dejen las armas y puedan hacer política dentro del marco de la legalidad.

Nuestra realidad es que, en anteriores procesos de paz y desmovilización, como el llevado a cabo con el M-19 en los años 1990, los dirigentes de la guerrilla pasaron a ser Congresistas e incluso a ser nombrados como ministros, como ocurrió con Antonio Navarro Wolf, nombrado ministro de Salud en el Gobierno del Presidente César Gaviria, también fue Presidente de la Constituyente en el año 1991, entre otros. Lo más importante es que con el Nuevo Acuerdo Final termine definitivamente el conflicto armado, que tan graves consecuencias ha tenido en Colombia y se repare a todas las víctimas. Por eso urge implementar el Acuerdo Definitivo ya y no dar un paso

atrás, debemos unirnos mancomunadamente para que cese la horrible noche para siempre y no vuelva jamás.

Afortunadamente el Presidente Santos, ha sido enfático en expresar que el Nuevo Acuerdo firmado el pasado sábado 12 de noviembre en la Habana, “es definitivo y no va a experimentar modificaciones, sino que por el contrario, va a ser sometido a un proceso de ratificación y a su inaplazable implementación en cada uno de sus aspectos”. Este es un mejor Acuerdo que ya recibió la aprobación del Secretario de Estado John Kerry, tras anunciar que Estados Unidos “continuará apoyando el pacto en su implantación”. Por Noruega y Cuba como garantes también, por Chile y Venezuela como acompañantes, apoyo irrestricto por el propio Secretario General de la ONU, Ban Kimón y todos los demás países latinoamericanos.

Autor: Benjamín Maza Buelvas.

Al entrar en vigencia la Ley 743 de 2002, se fijó el segundo domingo del mes de noviembre de cada año, para la celebración en todo el país el “Día Nacional de Juntas de las Acción Comunal” (JAC), evento que será promovido y realizado, según el artículo 73 de esta norma por el Ministerio del Interior, la Gobernación de cada departamento y la Alcaldía de cada municipio o Distrito.

Pero hasta ahora, ningún medio ha divulgado, que la Alcaldía Distrital de Cartagena de Indias, haya invitado por conducto de la Secretaría de Participación y Desarrollo Social; al menos a los Dignatarios y Dignatarias de las cerca de cuatrocientas JAC del Distrito, de las tres Asociaciones y de la Federación Distrital de JAC, de su jurisdicción; para celebrar y disfrutar con ellos de un evento especial este domingo 13 de noviembre; preparado por la Administración Distrital, con motivo de tan significativa e importantísima conmemoración. Así como también, otorgar un reconocimiento a los mejores Líderes y Lideresas Comunales; quienes se hayan destacado y descollado por su gestión, compromiso y labor realizada en pro de la organización y comunidad que representa.

Cabe recordar, que las JAC, fueron creadas hace 58 años, según Ley 19 del 18 de noviembre de 1958 (Artículo 22), cuya sanción correspondió al entonces Presidente de la República, Alberto Lleras Camargo. Las Juntas de Acción Comunal son la principal organización social a nivel nacional. Pero tan solo hasta el gobierno del Dr. Carlos Leras Restrepo, se entendió el potencial y enorme poder de cambio que poseen; por tal motivo el Presidente Lleras Restrepo se convirtió en el principal promotor de este gran movimiento barrial, motivando al pueblo a unirse al proyecto de “Transformación Nacional”.

La organización comunal en Colombia ha sido la instancia a través de la cual a los largo de su vida institucional, se ha canalizado el trabajo conjunto de las Fuerzas Vivas de las comunidades barriales y corregimentales, en procura del desarrollo de sus territorios, a través de la participación, representación y construcción de obras de infraestructura requeridas por las comunidades. Desde el punto de vista cualitativo las JAC están conformadas esencialmente por líderes y lideresas sociales y políticos de cada comunidad. Hoy por hoy, a nivel nacional las JAC, se han convertido en el principal instrumento que aglomera los intereses sociales, planteando principios de participación, democracia, alternativas de conciliación, desarrollo humano, convivencia, cultura y deporte entre otros. El Ministerio del Interior, como entidad del nivel nacional, se encuentra liderando la política en materia comunal, tendiente al fortalecimiento de la organización y de espacios de participación democrática.

Los principios rectores del desarrollo de la comunidad se orientan bajo los siguientes principios: el reconocimiento y la afirmación del individuo y la agrupación organizada de personas, el desarrollo de la comunidad con identidad, el desarrollo de la comunidad con capacidad de negociación y autogestión, y el progreso con pilares de solidaridad, capacitación, organización y la participación.

La ley 743 tiene por objeto promover, facilitar, estructurar y fortalecer la organización democrática, moderna, participativa y representativa en los organismos de acción comunal en sus respectivos grados asociativos y a la vez, pretende establecer un marco jurídico claro para sus relaciones con el Estado y con los particulares, así como para el cabal ejercicio de derechos y deberes. Siendo este órgano la base social con más aceptación y cobertura en Colombia, ya que es el

medio por el cual el ciudadano del común tiene la oportunidad de buscar una alternativa de solución a los problemas que aquejan a su comunidad.

Corresponde entonces al Alcalde Manolo Duque, liderar en coordinación con funcionarios competentes, dando cumplimiento y realce a esta celebración cívica de que trata esta ley, atendiendo la elaboración de programas especiales que exalten los méritos y laboriosidad de las personas dedicadas a las JAC en Cartagena. Hemos reiterado que en Cartagena estamos en mora de que el Alcalde Distrital, se decida a hacer una reestructuración en las Localidades, con el fin de fortalecer la descentralización y modernización de la administración en general.

Autor: Benjamín Maza Buelvas.