Nuestra Constitución estipula que, “el trabajo es un derecho y una obligación social y goza, en todas sus modalidades, de la especial protección del Estado. Toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas”. También ordena la existencia de una Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, integrada por el Gobierno, los Empleadores y los Trabajadores; que contribuirá a la solución de los conflictos colectivos y concertará las políticas salariales y laborales. Pues en Colombia, ese mandato no se cumple a cabalidad. Porque esta Comisión sólo aparece a final de cada año, para la discusión del salario mínimo legal.
Las políticas laborales y salariales, no son más que el conjunto de medidas, acciones e instrumento que debe aplicar permanentemente el Estado con el fin de garantizar y proteger el empleo y el salario de los trabajadores, mediante estas políticas se puede resolver los problemas de la mano de obra y por lo tanto impulsar el desarrollo socioeconómico.
Para fomentar las buenas relaciones laborales en todo el país, tienen que aplicarse lineamientos claros de política laboral y salarial e intervenir en los conflictos colectivos del trabajo. Esta Comisión debe tener como apoyo las Subcomisiones de Concertación en cada uno de los departamentos, Distritos y Municipios y la misma conformación tripartita que busque solucionar los conflictos del trabajo y mejorar las relaciones laborales de los trabajadores y empleadores, visionando siempre el incremento y mejoramiento del empleo digno y decoroso.
Sin duda, el Desempleo sigue siendo el mayor flagelo que sufre nuestro país, afecta a los adultos y mayormente a los jóvenes. Por lo que el esfuerzo del Estado, las iniciativas del Gobierno Nacional y de los entes territoriales; deberían enfocar sus objetivos de política pública laboral, salarial y de seguridad social; en la disminución de este gravísimo problema; porque el Desempleo ha sido el peor azote que padece el pueblo colombiano.
Mientras nuestros dirigentes no demuestren interés y compromiso por resolver este problema; los monopolios, las multinacionales, los grandes industriales, comerciantes, inversionistas, capitalistas y multinacionales; aprovechan la crisis para despedir trabajadores, precarizar los salarios, obtener excepción y rebajas de impuestos y convenir concesiones y privatizaciones. Siendo el Desempleo en criterio de los expertos, uno de los principales detonantes de la violencia que debe combatir el Estado. Porque la modernización del aparato estatal no necesariamente tiene por qué implicar una reducción de la nómina laboral.
Recordemos que el gobierno suele conceder a los empresarios exenciones de impuestos de rentas, subsidios, descuentos, deducciones, compensaciones y otras gabelas tributarias para fortalecer la creación de empleo productivo, lo que generalmente se convierte en un saludo a la bandera; implementando sólo medidas paliativas que no solucionan la problemática existente. Hay que erradicar la costumbre empresarial de exigir al Estado la democratización de sus pérdidas y la privatización de sus utilidades.
Así que tanto el Estado como los empresarios, deben comprometerse con el pueblo, en soluciones estructurales y no contentarnos con medidas asistencialistas o con contentillos, como los subsidios o auxilios que sólo alivian las angustias coyunturalmente
Nuestros líderes y lideresas políticos y gremiales, deben interiorizar, que siempre se ha planteado que el trabajo dignifica a las personas. Este es un sabido refrán, pero el trabajo también genera otras consecuencias; a mayor cantidad de personas trabajando, mayor consumo; a mayor consumo, más utilidades; a mayor utilidades más impuestos pagan las empresas; a mayor pago de impuestos de las empresas, mayor utilidad fiscal, y a mayor utilidad fiscal, más recursos para utilizar en redes sociales, en reformas y en la realización de nuevos proyectos y obras. Falso entonces, que el incremento real del salario afecte la inflación.
Es ineludible y un imperativo político y social, del Presidente Santos, del Gobernador Dumek Turbay y del Alcalde Distrital, Manolo Duque, evidenciar su voluntad política y administrativa de incrementar y mejorar las políticas salariales y laborales en Cartagena de Indias. Urge priorizar en su Plan de Desarrollo “Primero la Gente” la disminución significativa del Desempleo, el Subempleo, la Informalidad y la Precariedad del Salario.
Autor: Benjamín Maza Buelvas.
