El esfuerzo conjunto entre Aguas de Cartagena S.A. E.S.P. y la Policía Metropolitana de Cartagena comenzó a dar resultados, al intensificarse en los últimos días los operativos contra las conexiones no autorizadas o ilegales, en diversos sectores de la ciudad.
El despliegue de estas acciones coordinadas ha arrojado importantes logros, con la intervención de alrededor de 50 instalaciones, conectadas irregularmente a la tubería de distribución de agua potable.
El trabajo en equipo con miembros de la fuerza pública, le permitió a las autoridades competentes lograr las capturas de Camilo González Jiménez y Luis Alfonso Castaño Orozco, quienes fueron sorprendidos en el establecimiento denominado El Punto de Alfos, utilizando una conexión ilegal a la tubería principal, en el barrio Torices, sector Chambacú, presuntamente para la comercialización del agua almacenada en pimpinas y transportadas en carretas. De inmediato se procedió a instaurar la respectiva denuncia.
Igualmente, en el mismo procedimiento se hallaron dos sistemas adulterados de control de agua potable, mediante el cual estaban abasteciendo 25 inmuebles (viviendas de invasión, panadería, talleres y negocios varios e informales), ubicados en la carrera 14 del sector de Chambacú.
A este certero golpe se suman otros, no menos importantes, realizados recientemente, en instalaciones ubicadas en la urbanización Villa Rosita, los barrios Los Alpes, La Carolina, un edificio del sector Histórico, 14 casas fincas en el corregimiento de Punta Canoas; tres lavaderos; un parque en la urbanización Flor del Campo; un quiosco playero, en el corregimiento de La Boquilla; un edificio de la zona norte y un restaurante en el Pie del Cerro.
Todos estos procedimientos se logran gracias a la colaboración de la Policía Metropolitana y en especial del personal de la Sijín, y por supuesto, por la iniciativa de Acuacar a través de las campañas intensivas de detección de conexiones no autorizadas.
Es importante recalcar que todas estas conductas están enmarcadas en el Código Penal Colombiano y el nuevo Código Nacional de Policía y Convivencia, en los cuales se establecen las sanciones para los infractores.
