El 21.2% de las mujeres del país viven en zonas rurales y el 40 % de esos hogares rurales con jefatura femenina se encuentran en condición de pobreza.
Las mujeres han estado a la vanguardia del trabajo por superar pobreza en Colombia. Eso se hace evidente en las cifras y en el seguimiento de los programas del Departamento para la Prosperidad Social, especialmente en los que ofrecen herramientas para que las mujeres trabajadoras puedan superar las condiciones de vulnerabilidad y cerrar las brechas de género y entre sectores urbano y rural.
En la actualidad, toma especial relevancia la participación de las mujeres en los programas de inclusión productiva, seguridad alimentaria y desarrollo rural, en los que han liderado algunos de los más exitosos procesos promovidos desde esta entidad, cabeza del sector de la inclusión social y la reconciliación en Colombia. Dos casos sirven para comenzar a sustentar la afirmación: Familias en Su Tierra (FeST) e IRACA.
FEST contribuye a la estabilización socioeconómica de los hogares víctimas de desplazamiento forzado, retornados o reubicados, a través de una intervención integral. En sus cinco ciclos de intervención ha vinculado a más de 76.000 hogares. Las mujeres representan el 51 por ciento de los participantes: a cargo de los proyectos productivos, vinculados al fortalecimiento de las capacidades sociales y comunitarias. A partir de la quinta intervención, en 2018, ajustó la metodología para garantizar la atención diferencial a las mujeres víctimas. Con ese enfoque inicia ahora el sexto ciclo de intervención para 10.000 hogares en 32 municipios.
IRACA, programa para hogares de comunidades indígenas y afrocolombianas que se encuentran en situación de pobreza extrema o vulnerable, acompaña a 10.000 familias en dos frentes de operación: 500 hogares en el Resguardo Indígena Totoró (Cauca) y 9.500 en una veintena de municipios del país. La población total de participantes se acerca a las 20.000 personas, de las cuales 53 por ciento son mujeres, dedicadas a la producción de alimentos para autoconsumo en huertas caseras, generación de ingresos a partir de la creación o fortalecimiento de proyectos productivos comunitarios y fortalecimiento social y comunitario. Son todas parte de poblaciones que luchan contra el riesgo de desaparición cultural desde sus territorios colectivos.
La entidad reconoce, tal como sostiene el documento de bases del Plan Nacional de Desarrollo Pacto por Colombia pacto por la equidad, que las mujeres están en desventaja en una buena parte de las oportunidades sociales y productivas. Por ello responde a las estrategias allí proyectadas para la superación de esas condiciones de inequidad. Una de las estrategias del PND -el Pacto por la equidad de las mujeres- está dirigida específicamente a las “mujeres rurales como agentes de transformación en el campo”. Algunos datos del diagnóstico reflejan la brecha: cerca de 21 por ciento de las mujeres del país vive en zonas rurales; un 23 por ciento de los hogares rurales tiene jefatura femenina; y 40 por ciento de los hogares rurales y rurales dispersos con jefatura femenina se encuentra en condición de pobreza.
La Estrategia Unidos, proyectada como la puerta de entrada a la oferta social del estado para la población más vulnerable, y en pleno proceso de rediseño y ajuste de focalización, mostró en su anterior operación una mayor participación de mujeres: 53 por ciento frente a 47 por ciento de hombres. El 24 por ciento de las mujeres vinculadas a este proceso de superación de pobreza extrema habitan en zonas rurales.
Las estrategias no se agotan allí. Los programas de formación para el empleo y de emprendimiento vinculan a muchas más mujeres que hombres. Los registros de las vigencias hasta aquí cumplidas del programa Mi Negocio indican que la gran mayoría sus participantes han sido mujeres. Son más de 40.000 emprendedoras que durante el reciente lustro han recibido capacitación y capitalización para garantizar la puesta en marcha de sus negocios y la generación de ingresos. En otros programas de empleabilidad -capacitación y fortalecimiento de habilidades- han participado más de 18.000 mujeres.
Las cifras de los programas de Transferencias Monetarias Condicionadas ratifican el protagonismo de las mujeres en el camino a un país con menos pobreza y sin pobreza extrema. La ley (1532 de 2012) que actualizó y reglamentó Familias en Acción advierte específicamente que “privilegiará el pago de los subsidios a las mujeres del hogar, como una medida de discriminación positiva y de empoderamiento del rol de la mujer al interior de la familia”, generando una participación superior al 60 por ciento de las mujeres en el programa, además de que el porcentaje de mujeres titulares siempre ha sido muy superior al de hombres.
Y Jóvenes en Acción, que apoya la sostenibilidad de estudiantes de educación superior, tiene un porcentaje de participación femenina de 54 por ciento. En el histórico del programa, el porcentaje de mujeres siempre ha estado por encima del 52 por ciento. A este momento, el 82,8 por ciento de las mujeres vinculadas al programa estudian en instituciones de educación superior y 17,2 por ciento en el SENA. La proporción de mujeres JeA (con respecto a los hombres) ha sido mucho mayor en programas universitarios de campos de las ciencias de la salud, las ciencias sociales y humanas y de economía, administración, contaduría y afines.
