Se solicita mantener límite del 25% de participación en cualquier segmento del sector y permitir que el nuevo operador desarrolle proyectos de generación.
Los Comités Intergremiales de Magdalena, Atlántico y Bolívar le solicitaron al presidente Iván Duque que el gobierno nacional atienda las inversiones por $2,16 billones que requiere Electricaribe con urgencia y que corresponden a las no realizadas en 2017 y 2018 y a las proyectadas para 2019.
En una comunicación enviada al primer mandatario los sectores productivos representados por dichos comités, advirtieron que tales inversiones se deben hacer como aporte de capital porque si se le transfieren al nuevo operador de Electricaribe, éste tendría que recuperarla en la tarifa desde mucho antes de que hubiera un mejoramiento correspondiente del nivel del servicio, lo que es en extremo desaconsejable socialmente.
César Riascos, Ricardo Plata y Verónica Monterrosa, presidentes y directora ejecutiva, respectivamente, de los Comités Intergremiales de Magdalena, Atlántico y Bolívar, le pidieron también al jefe de estado que se mantenga el límite del 25% de participación horizontal de un agente en cualquiera de los segmentos del negocio, por cuanto el incremento de dicho umbral en el mercado de distribución podría afectar la libre competencia en detrimento de los intereses de los consumidores, como lo ha advertido la Comisión de Regulación de Energía y Gas, CREG.
Las tres entidades citadas solicitaron además que el nuevo operador de los activos de Electricaribe pueda desarrollar proyectos de generación, para lo cual es necesario mantener la vigencia del cargo por confiabilidad y asegurar el suministro de gas para el parque térmico. De acuerdo con los dirigentes gremiales es conveniente para el país que el nuevo agente pueda contribuir a mitigar el riesgo de racionamiento que se prevé para el periodo 2022, por la demora en entrar en operación de Hidroituango, y a complementar las fuentes de energía con los recursos no convencionales abundantes en la región Caribe.
En la comunicación se señala que:
1. La Financiera de Desarrollo Nacional (FDN) estimó que la inversión anual mínima, solo para detener el deterioro de la infraestructura eléctrica, asciende a $240.000 millones anuales. Suma que se incrementa a $720.000 millones por año al incluir lo requerido para recuperar el rezago de inversión de una década y atender el incremento de la demanda regional, cuya tasa es 2,5 veces la del resto del país.
2. Sin embargo en todo 2017 y en lo corrido de 2018 el gobierno nacional, ya totalmente responsable de la operación de Electricaribe, ha aportado solo para compra de energía. En ese lapso la empresa ha logrado invertir con recursos propios $200.000 millones, muy por debajo del nivel de inversión necesario. A este paso el servicio continuará deteriorándose sin remedio hasta uno o dos años después de que se inicien en firme las inversiones en las cuantías mencionadas.
3. Tampoco ha decidido el gobierno atender directamente las inversiones correspondientes a 2019, sino a través de una garantía puente, para ser eventualmente asumida por un nuevo operador. A pesar de la incertidumbre del éxito en la búsqueda de ese operador con el músculo financiero e idoneidad técnica para invertir $7 billones en los próximos 10 años, y la ausencia de un plan B si dicho proceso fracasara.
4. La Región Caribe produce el 15% del PIB nacional, tiene el 21% de la población, consume 25% de la energía, al tiempo que alberga un 33% de los pobres del país. Es obvio que el impacto de un consumo per cápita un 25% superior al resto del país por condiciones climáticas se amplifica al recaer sobre una población tan grande y tan pobre. También es evidente que cualquier distribuidor nacional existente rebasaría la cota del 25% de atención al hacerse cargo de la región dado que ese porcentaje coincide con el tamaño del mercado regional.
