Los predios Puerta Roja, Nueva Esperanza y Las Tinas regresaron a manos de sus dueños, después de que los tribunales reconocieran, a través de sentencias de restitución, el derecho territorial de los solicitantes.
En diligencia judicial, realizada por el Juzgado Segundo Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de El Carmen de Bolívar, fueron entregadas más de 70 hectáreas a tres miembros de una misma familia, que fueron víctimas de desplazamiento por episodios ocurridos en la región, como la masacre de Hato Nuevo y la muerte de un familiar a manos de la guerrilla de las Farc.
Dentro de las pretensiones expuestas por la Unidad de Restitución de Tierras (URT), fue solicitado el reconocimiento de los derechos territoriales de las familias; declarar la inexistencia de los contratos de compra venta, relacionados con los tres predios; y vincular a los beneficiarios con programas de proyectos productivos, vivienda rural y alivio de pasivos.
Con las entregas materiales se inicia la intervención para la formulación de proyectos productivos de acuerdo con la vocación de los beneficiarios y el suelo. “Estamos felices con la entrega de los predios. Vamos a trabajar juntos para volver a cultivar en nuestra tierra y tener nuestras vacas, como lo hacíamos antes de que la violencia nos quitara nuestras parcelas”, aseguró uno de los campesinos beneficiados.
“Calificamos estas entregas como exitosas dentro del proceso de restitución que se lleva en el departamento de Bolívar. Han sido favorables los resultados después de la coordinación con las entidades. Destacamos el acompañamiento que realiza la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría especializada”, afirmó Ella Cecilia del Castillo, directora de la URT en Bolívar.
En las diligencias judiciales de entrega material de predios, campesinos reconocidos como segundos ocupantes dentro de las sentencias han entregado la tierra de manera voluntaria. Esto ha permitido avanzar en procesos de reconciliación, donde víctimas del conflicto armado han tenido la posibilidad de tener acceso a derechos territoriales, como parte del enfoque de acción sin daño que reviste la política de restitución de tierras.
