El principal problema no es el sistema de salud como tal, es la corrupción detrás de cada cita medica, operación y visita de control. Las entidades prestadoras de salud, EPS, dejaron de ser un servicio para convertirse en un negocio lucrativo.
Una persona puede pasar hasta más de dos meses para obtener una cita en medicina general o de control, y si se tiene una enfermedad grave que requiera de atención especializada, medicinas costosas o tratamientos de control, la cita es postergada por semanas y meses infinitos.
Miles son los casos en que pacientes han tenido convulsiones, ataques al corazón o respiratorios, a muchos les hacen paseos interminables entre hospitales y sedes de EPS esperando a ver cuando pueden ser atendidos y si sus papeles están en “regla” para poder ser debidamente atendidos.
Da la casualidad que este último caso es común entre aquellos que sufren de algún padecimiento grave o mortal, vemos que pareciera que al Estado le conviene más tener pacientes que pasen largas estadías pagando el seguro y medicinas pero cuando toca ofrecer el servicio de operación o tratamiento es más barato dejarlo morir.
Esto tiene como trasfondo las expectativas de ganancia de los intermediarios a expensas de la negación de la atención en salud a los colombianos. El problema es que al parecer no se puede hacer un equilibrio entre los beneficios de las EPS con el bienestar general de la población. Los costos y dividendos entran en conflicto, como siempre si no hay un ente que controle se hace fiesta con el dolor ajeno.
Algunos sectores de medicina, especialmente representantes de estas empresas, alegan que no hay suficientes médicos para cubrir la demanda, pero es mucha casualidad que todo este desastre iniciara luego de la aprobación de la ley 100.
La ley 100
Esta marco un antes y después en el concepto de salud como mercancía, por lo tanto quedó sujeta a ser un bien comercial del que los inversionistas privados, tan sólo por servir como intermediarios, obtienen ganancia. El problema de este modelo es que acrecienta la ineptitud y torpeza en la salud, incrementa el gasto sin mejorar la calidad y se interesa muy poco en el bienestar y la satisfacción de los colombianos.
El gremio de médicos, enfermeros, farmacéuticas y todos los que trabajan en torno a este sector de atención pública se han visto obligados a aprender de los errores de los políticos y a sobrevivir con las uñas para hacer su labor lo mejor posible y con la frente en alto. Ahora existe una mejor planeación y administración de los hospitales y clínicas.
Antes que el sistema de salud pasará a ser del sector privado se anunciaba que el sistema privado era mejor que el público, la historia de Colombia nos enseña que era todo lo contrario el sistema social era equitativo, eficiente y virtuoso en su servicio.
Esta joya fue elaborada durante el Gobierno de Gaviria y puesta en marcha durante la administración Samper, su defensor a capa y espada fue el señor Alvaro Uribe Vélez.
La única solución viable es simplemente equilibrar la balanza y por supuesto derogar la ley 100 y reformar los marcos legales de salud en favor de todos los colombianos, reforzar los derechos humanos fundamentales para garantizar la atención a todos, pero más importante humanizar a todos los políticos.
