Más de 6.480 útiles escolares de origen extranjero, ofertados en establecimientos abiertos al público sin la documentación que acreditara su legal ingreso al territorio aduanero nacional, fueron incautados en operativos desplegados por parte de los funcionarios de la Dirección Seccional de Aduanas Nacionales de Cartagena, y personal de la Policía Fiscal y Aduanera, en diferentes puntos de la ciudad.
En los controles se logró evidenciar cuatro establecimientos comerciales, en donde la mercancía, en su gran mayoría útiles escolares, no estarían soportadas o amparadas documentalmente como lo establecen las autoridades aduaneras nacionales, aplicándose la medida cautelar de aprehensión de acuerdo al Estatuto Aduanero.
Los controles desplegados en varios locales comerciales se extenderán por el periodo de inicio escolar, con visitas de carácter aduanero, verificando las mercancías existentes en establecimientos de comercio abiertos al público.
Los 6.480 útiles escolares, valorados comercialmente en 15 millones de pesos, fueron dejados a disposición de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), toda vez que la mercancía no contaba con declaración de importación.
DIAN y POLFA siguen adelantando operativos y visitas de control aduanero para contrarrestar el contrabando de útiles escolares, lo que ha arrojado la aprehensión de más de 8.640 mil útiles escolares, en lo que va del año 2018.
Los útiles escolares aprehendidos no cumplían con los requisitos aduaneros para el legal ingreso y comercialización en el territorio aduanero nacional.
Los funcionarios de la Policía Fiscal y Aduanera recomiendan a los cartageneros que, al momento de adquirir útiles escolares, lo hagan en lugares reconocidos y de confianza, y solicite la expedición de la factura, con el cumplimiento de los requisitos de ley, con lo cual podrá certificar la garantía de los elementos adquiridos, ante cualquier anomalía.
De manera conjunta, funcionarios de la DIAN y la Policía Fiscal y Aduanera indicaron que continuarán ejecutando operativos contundentes, orientados a contrarrestar el flagelo del contrabando, por lo que reiteran a la ciudadanía que las personas que auspicien este delito, pueden afrontar penas privativas de la libertad de entre cuatro (4) y ocho (08) años y sanciones económicas de entre doscientos (200%) a trecientos (300%) del valor aduanero de los bienes objeto del delito.
