Inestabilidad jurídica y falta de reglas claras en el ordenamiento territorial ponen en riesgo la producción de vivienda social y la inversión en proyectos de desarrollo urbano en la Ciudad Heroica.
En Cartagena las autoridades nacionales están desconociendo las situaciones jurídicas consolidadas y el principio de legalidad, cambiando las condiciones de juego a los constructores, quienes habiendo obtenido todos sus permisos dentro de la legalidad, no solo han visto perjudicadas sus inversiones y proyectos iniciados de manera formal, sino lo que resulta más grave, afectando la compra a miles de hogares que invirtieron en ello sus ahorros y quieren cumplir su sueño de tener vivienda propia.
Para la gerente de Camacol Bolívar, Angélica Salas, “la actividad edificadora en Cartagena se encuentra en vilo a pesar de que los constructores formales, siguiendo al pie de la letra los requisitos legales vigentes, la confianza legítima y la presunción de legalidad de las normas vigentes, estructuran un proyecto, solicitan y obtienen todas las autorizaciones y permisos que la Ley exige, venden el proyecto e inician su ejecución, para luego verse enfrentados a una suspensión que desconoce los permisos que las autoridades competentes han otorgado”.
La directiva explica que la situación que hoy padece Cartagena se resume en proyectos de vivienda social con fundamento en normas como: Decreto Nacional 2060 de 2004, Decreto Nacional 2083 de 2004, Circular 2 de 2004 de la Secretaría de Planeación Distrital-en base al Decreto 2060 de 2004, Acuerdo 033 de 2007 de la Alcaldía de Cartagena, Decreto Nacional 0075 de 2013, que generaron la necesidad de emitir la Circular 10 de 2013 de la Secretaría de Planeación Distrital, que rigen hoy en día todo desarrollo urbanístico y constructivo de proyectos de vivienda de interés social en el Distrito de Cartagena, las cuales ahora pretenden ser desconocidas.
El impacto que tendría en la ciudad lo solicitado por los entes de control y el Ministerio de Cultura para el sector de Vivienda de Interés Social (VIS) en Cartagena, amenazaría la estabilidad de los proyectos que actualmente están en proceso. De acuerdo con las cifras que registra Camacol, desde enero de 2014 (entrada en vigencia de la circular sobre normas VIS) hasta agosto de 2017, existen 17 proyectos que iniciaron construcción y que corresponden a 8.488 unidades de vivienda. Así mismo, se tienen identificados en preventa otros 14 proyectos adicionales, que incluyen segundas etapas de proyectos ya iniciados y que suman 4.060 unidades de vivienda, para un total de 12.548 unidades de vivienda social. Los cartageneros merecen y tienen el derecho a tener acceso a oferta de vivienda interés social subsidiada por el gobierno.
“A lo anterior se suma el ejercicio del control urbano, que teniendo en cuenta proyectos informales cobra más relevancia. Proyectos que ni siquiera contaban con licencia y pasaron inadvertidos. Como gremio de la construcción estamos de acuerdo que se ejerzan todas las debidas funciones para impedir que construcciones informales se sigan generando en la ciudad y frustren el sueño de las familias de tener un hogar digno. El control urbano debe ser más exhaustivo hacia constructores informales, que hacia los formales. Las decisiones de control urbano se deben sustentar en soportes y estudios técnicos, y no en criterios subjetivos”, argumenta la gerente de Camacol Bolívar.
“El crecimiento social y económico que el sector edificador puede aportar a Cartagena, donde es evidente la necesidad de proveer viviendas a la población de menos recursos, no puede darse si la inestabilidad jurídica y la falta de institucionalidad no se erradican, en el marco de un trabajo en el que tanto el sector público como el privado ejerzan sus responsabilidades de acuerdo con la Ley. Nuestro sector es un impulsor clave de desarrollo, aporta al 11% del PIB departamental y generó alrededor de 35 mil empleos en la ciudad de Cartagena en agosto de este año. Reiteramos nuestro interés en que exista estabilidad jurídica y en que el sector de la construcción, siempre ajustado a las normas, siga jalonando el crecimiento y el desarrollo de nuestro departamento”, concluye Angélica Salas.
