La Fiscalía, en articulación con otras seis entidades, recuperó 23.274 hectáreas que el
Bloque Centauros de las extintas autodefensas le habría arrebatado al Estado o adquirió
mediante engaños para conformar un fortín territorial y criminal en el oriente del país.
Ubicar y afectar el capital ilícito que los extintos grupos de autodefensas constituyeron
mediante diversas actividades criminales, se convirtió en una de las principales políticas
de la Fiscalía General de la Nación para garantizar la reparación integral de las víctimas y
la no repetición de hechos violentos contra la población civil.
En atención de esa directriz y con información de diferentes procesos de justicia y paz, la
Dirección de Justicia Transicional de la Fiscalía lideró un trabajo para perseguir el
patrimonio ilegal del entonces bloque centauros de las AUC, al que se sumaron otras seis
entidades: Comando General de las Fuerzas Militares, Superintendencia de Notariado y
Registro, Agencia Nacional de Tierras, Unidad de Restitución de Tierras, Policía Nacional
y Fondo para la Reparación de las Víctimas.
En siete meses fue identificado y verificado en el área lo que durante una década se
convirtió en el ‘fortín’ territorial del bloque centauros, en cabeza de Miguel Arroyave y
Daniel Rendón Herrera, alias Don Mario, donde se concertó la salida de cocaína desde los
Llanos Orientales, fueron planeadas masacres y los integrantes de la agrupación recibieron
entrenamiento.
El señalado ‘fortín’ estaba conformado por 23.274 hectáreas que comprendían la unión de
varios predios en el centro del departamento de Meta, en los municipios de El Dorado,
San Martín y Puerto Concordia; una vasta zona que supera en área la superficie de
ciudades como Bucaramanga, Barranquilla o Armenia, y desde hoy queda a disposición
del Estado.
De las 23.274 hectáreas, 18.000 tienen características de bienes baldíos de propiedad y
uso exclusivo del Estado, y habrían sido tituladas entre amigos, testaferros y familiares de
los cabecillas paramilitares, fueron tecnificadas y explotadas para diferentes actividades
agropecuarias. Las otras 5.274 hectáreas fueron compradas entre 1999 y 2006, traspasadas y englobadas entre sí para dar la apariencia de un solo bien.
La Fiscalía solicitó medidas cautelares de embargo sobre cerca de 2.000 de las hectáreas
recuperadas, 3.422 más quedaron a cargo de la Unidad de Restitución de Tierras y sobre
ellas hubo 10 presuntos reclamantes falsos. Las demás hectáreas están a disposición de la
Agencia Nacional de Tierras.
Maniobras fraudulentas
La Fiscalía contactó a 70 personas que aparecían como propietarios o vendedores de las
hectáreas que hicieron parte del ‘fortín’ del bloque centauros de las AUC. En las
entrevistas, un pequeño grupo de personas aceptó que actuó consciente y entregó sus
predios a enviados de Miguel Arroyave y alias Don Mario, que pagaron por encima de los
valores comerciales.
Por el lado de los compradores, indicaron que fueron citados en cafeterías y parques, y
allí firmaron papeles de compra venta y las escrituras de miles de hectáreas, a cambio de
$10’000.000. Todos los bienes aparecen registrados, las escrituras ingresaron a las
oficinas de instrumentos públicos sin contratiempos y quienes figuran como titulares
nunca conocieron las tierras que supuestamente les pertenecían ni supieron la cantidad
exacta que les fue escriturada.
El Santuario o Guamerú, en San Martín (Meta), uno de los predios que ocupa la mayor
parte de las 18.000 hectáreas con características de baldíos, habría sido adquirido por
$200’000.000 que, supuestamente, tenía guardados el comprador “bajo el colchón”; así lo
manifestó a los investigadores. La Superintendencia de Notariado y Registro certificó que
se trataría de un bien del Estado, del que empezaron a tomar posesión irregularmente desde 1993, con 15 anotaciones de compra y venta hasta 2007.
En las verificaciones se constató que eran tierras sin cuidadores, con apenas cuatro
construcciones rústicas, un helipuerto, sistemas de riego, filtros de agua, tanques de
almacenamiento, caminos que las conectan y pistas con apariencia de campos de
entrenamiento armado. Daniel Rendón Herrera, alias Don Mario, ofreció estas 18.000
hectáreas recuperadas para reparar a sus víctimas, algo inviable porque son baldíos que
no podían ser apropiados ni transferidos.
La Casa Roja
En la vereda La Meseta, en El Dorado (Meta), alias Don Mario desplegaba su accionar
sobre la región del Alto Ariari, desde una casa de techo rojo, con nueve dormitorios e
igual número de baños con tinas y algunos lujos.
A la llamada Casa Roja ingresaban narcotraficantes que llegaban a cumplir con el
denominado impuesto al gramaje que exigía el bloque centauros para garantizar la salida
de cocaína y custodiar los laboratorios de producción del estupefaciente. La vivienda
también era frecuentada por personas que acudían a celebraciones íntimas que Daniel
Rendón Herrera organizaba con regular frecuencia.
En el recorrido de las casi 5.000 hectáreas que rodeaban la Casa Roja, la Fiscalía y los las
Fuerzas Militares encontraron carreteras clandestinas pavimentadas, que sirvieron de ruta
de escape para Don Mario, zonas de entrenamiento armado, alojamientos para hombres y
una colina desde la que era posible divisar cualquier aproximación de las autoridades.
