El énfasis en el control local que promueve la Descentralización, se centra en la toma de decisiones por los mismos individuos que tienen el derecho putativo para definir su propio proyecto de desarrollo. Esto les permitiría promover el crecimiento económico y el desarrollo social de sus localidades, hacer realidad la Participación Ciudadana y democratizar los procesos políticos y sociales, con miras a la modernización del Estado. Los procesos de descentralización transfieren el poder de decisión de las instancias del gobierno Central a los gobiernos Locales. Y Cartagena está en mora de implementarlos efectivamente.
En Cartagena se requiere institucionalizar una Descentralización, Participación y Modernización cierta en: la aprobación del Plan de Desarrollo, Presupuesto y Plan Anual de Inversiones, Plan de Ordenamiento Territorial, Dignificación del Fondo de Desarrollo Local y Presupuesto Participativo, la Contratación con las Juntas de Acción Comunal, Autonomía y empoderamiento, Descentralización Administrativa y Fiscal de las Alcaldías Locales; Cualificación de las Organizaciones Sociales; en la elección de Ediles y Nombramiento de Alcaldes Locales competentes, comprometidos con el pueblo y sus respectivas Localidades; porque lo que existe es una mera desconcentración y delegación de funciones.
Lamentamos sinceramente, la indiferencia, la apatía, el conformismo, la intolerancia, el egoísmo, el protagonismo individual, los celos infundados, la incoherencia, la inconsecuencia y el arribismo de algunos dirigentes sociales. Asimismo la falta de voluntad política de la mayoría de nuestros dirigentes y gobernantes para profundizar la Descentralización, Democracia Participativa y la Modernización de la Administración en Cartagena. Lo cual ha incidido en su estancamiento, o lo que es peor, en su retroceso. Este es un fenómeno que se presenta desde lo local hasta lo nacional, y que muestra una grave situación estructural que merece una aproximación más cultural, ético, sociológico y antropológico que el meramente jurídico.
Hay que entender la Democracia, no como la simple renovación electoral de los gobernantes o la alternativa de los partidos en el gobierno, sino como la aspiración de las comunidades en la participación y decisión de los asuntos públicos; por lo que la Democracia es una conquista de la humanidad. Así que la Participación es un asunto de todos y todas. Porque mientras más Participación Ciudadana se ejerza, seguramente habrá mejor solución de los asuntos que nos afligen. Comprobado que el mecanismo más apropiado para la solución de las diferencias, está fundamentado en el diálogo, la concertación y el compromiso. El reto de las Organizaciones Sociales; es liderar e impulsar el diseño e implementación de verdaderas políticas públicas y estrategias que oxigenen, reactiven y consoliden el Proceso de Descentralización y Fortalecimiento de la Participación Ciudadana.
La Reestructuración también es una herramienta para fortalecer la Descentralización, la cual es entendida como un proceso político, económico e institucional, basado en la transferencia efectiva de poder político, recursos y responsabilidades del nivel Central hacia las entidades Descentralizadas, que busca la consolidación de la autonomía local, para que cada uno de los niveles de gobierno, ejerza eficientemente sus funciones y cumpla con los fines esenciales del Estado.
Es incuestionable que en Cartagena, urge una Reestructuración y Modernización de la Administración Distrital, con el firme propósito de modificar, ajustar, reorganizar, fusionar, crear, redefinir, fortalecer, actualizar y armonizar, la estructura administrativa de la organización interna del nivel Central y Descentralizado del gobierno distrital. La Modernización del Estado es una necesidad sentida, que no puede negarse ni postergarse su solución, ya que tiene como objetivo una mayor eficiencia económica y más alta eficacia social y humana.
Pero para que se pueda consolidar la Descentralización se requiere de tres aspectos fundamentales: la transferencia de competencias administrativas, fiscal y lo más importante, la capacidad política de las entidades locales y de la población que allí habita, para tomar las decisiones sobre cómo asumir las funciones y los recursos transferidos y los propios, dentro del marco de los principios que orientan la función administrativa.
Por: Benjamín Maza Buelvas
